PICA EN FLANDES

Desde hacen varios años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), nacido en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), e integrado por la Comisión Interamericana con sede en Washington y la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica, ha desatado muchísimas pasiones, tanto desde quienes lo alaban intensamente sin aceptar ningún defecto, hasta quienes lo satanizan sin encontrarle ninguna bondad.
Si bien es cierto que en la época fundacional del SIDH había razones fundadas para defender a las personas frente el autoritarismo de Estado, que en algunos casos había llevado a notorios excesos como secuestros, allanamientos de moradas, encarcelamientos ilegales, penosas deportaciones y muchos otros actos atentatorios de los Derechos Humanos, el Sistema no se adaptó adecuadamente a los nuevos tiempos en que disminuyó tremendamente la acción estatal nociva que fue sustituida por los actos de terror, vandalismo y atentados contra la vida y la integridad de las personas así como contra la propiedad pública y privada, cuya autoría provenía de organizaciones delictivas y grupos antisociales entre otros.
En el devenir de los tiempos se pudo advertir la necesidad de hacer reformas en el SIDH, iniciándose las correspondientes acciones en la OEA desde el año 2007. Hubo reformas, pues si señor, pero no han concluido y las deficiencias advertidas en el Sistema son nimias si se comparan con el sesgo parcializado de comisionados y jueces que han efectuado informes, recomendaciones y hasta resoluciones muchas veces absurdas, exageradas e incluso rompiéndose la normatividad constitucional de diversas naciones.
El sesgo al que nos referimos ha sido a veces bastante disimulado pero otras veces palmariamente mostrado, como cuando el magistrado de origen brasilero Antonio Canzado Trindale manifestó en una resolución que los terroristas tenían la mística de Juana de Arco. Huelgan comentarios.
La importancia del tema ha generado la atención del Foro Madrid, que en su reunión de Lima a finales del mes de marzo, puso en la agenda pública al SIDH, y ello antes todavía que se conociese el informe de la Comisión Interamericana sobre los hechos violentos ocurridos en el Perú en diciembre del 2022 y enero del 2023.
Conocido el informe de la Comisión, de inmediato saltaron como resorte quienes lo apoyaban como quienes lo rechazaban, sin que hubiese una serena crítica.
Felizmente y poniendo una pica en Flandes, el grupo parlamentario de Renovación Popular, convocó a un foro de análisis del SIDH en que se pudo apreciar las diferentes alternativas existentes. entre ellas no hacer nada, con lo cual las deficiencias continuarán. Otra alternativa es insistir ante la OEA en las modificaciones normativas al Sistema con la exhortación a los países, que son los que proponen a comisionados y jueces, para que los propuestos sean debidamente imparciales y sin sesgos ideológicos. Una alternativa más sería retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y quedarnos solo en la Comisión y, por último, retirarnos del SIDH pero siguiendo como Estado parte en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El tema ya está colocado en la agenda nacional.