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El título de este artículo está referido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en que se viene debatiendo en el Perú sobre si debemos quedarnos en él o salirnos de una vez, como muchos desean. Este debate ha cobrado actualidad desde que una bancada parlamentaria que lidera el congresista Jorge Montoya, presentó proyecto normativo para apartarnos de tal Sistema.
El asunto de por si es complejo y merece ser analizado desde sus orígenes. Después de la Segunda Guerra Mundial y horrorizados los ciudadanos de casi todos los países por los crímenes de lesa humanidad perpetrados principalmente por los nazis, proyectaron organizaciones que se preocupasen por evitar nuevas conflagraciones y velar por los Derechos Humanos, así como, de ser el caso, procesar a quienes fuesen responsables de afectación de tales Derechos y sancionarlos y, no verse precisados a que se repitan los juzgamientos tipo Nuremberg, en que se crearon tribunales ad hoc con posterioridad a los sucesos de sangre a los que nos referimos.
Es así que a nivel global se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a nivel América la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 pero vigente desde 1951. En la Carta de creación de la OEA estaba la Comisión de Derechos Humanos, pero posteriormente en la Convención Americana de Derechos Humanos, fue ratificada la Comisión aludida y adicionalmente se creó la Corte Interamericana del mismo nombre, la primera con sede en Washington y la segunda en San José de Costa Rica. La Comisión actúa como una especie de fiscalía y la Corte como tribunal jurisdiccional, cada una con siete miembros elegidos por la Asamblea de la OEA a propuesta de los países que así lo desean, aunque no representen en tales organismos a sus países de origen y además no pueden conocer, procesar o resolver sus casos. La pertenencia a la Comisión de los países signatarios de la carta de la OEA es obligatoria, mientras que la competencia jurisdiccional de la Corte es voluntaria, tan es así que de 33 países integrantes de la OEA solo 21 integran la Corte. No están en ella por ejemplo Canadá, Estados Unidos de América y diversidad de naciones caribeñas.
El Perú está en el Sistema desde el año 1981, aunque es bueno precisar que en julio de 1999 se apartó del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, para luego de breve término y durante gobierno diferente, reintegrarse a ella.
Hay quienes critican el Sistema aduciendo que al estar el Perú inmerso en él, se colisiona con nuestra soberanía, aunque ello no es exacto pues nuestro país la cedió parcialmente en la Constitución de 1979 cuya décima sexta disposición transitoria ratificó la Convención Americana sobre DD.HH en todas sus cláusulas y en el artículo 305 constitucional se dispuso que agotada la vía nacional se puede ir a la supranacional. En la Constitución que nos rige, esto es la de 1993, su artículo 55 determina que los Tratados forman parte del Derecho nacional, y su cuarta disposición transitoria y final determina que las disposiciones legales sobre libertades y Derechos Humanos se interpretan de acuerdo a los tratados internacionales, lo cual es una demasía.
Ahora bien, las observaciones al Sistema del que nos ocupamos, son diversas y entre ellas destacan el sesgo ideológico de sus integrantes, algunos de los cuales tienen tonalidad roja, esto es socialista o comunista, pero son los países los culpables de ellos, al ser quienes los proponen a la Asamblea de la OEA.
Otra de las objeciones al Sistema es que solo ve las afectaciones a los Derechos Humanos atribuidas a los Estados, cuando es conocido que hay distintas organizaciones que atentan también contra dichos Derechos, como por ejemplo las organizaciones terroristas tipo Sendero Luminoso y el MRTA.
Se cuestiona igualmente la cuantía exagerada de las indemnizaciones que se dispone pagar a los países responsables de transgresión a los Derechos Humanos, sin tener en cuenta la capacidad económica de los transgresores, excesos que también se advierten en otras reparaciones que no son dinerarias, como por ejemplo la publicación de las resoluciones de la Corte cuya extensión abruma.
En lo que se refiere a las visitas que hacen la Comisión para establecer el cumplimiento de los Derechos Humanos, muchas veces los comisionados solo ven lo que los caviares les muestran, pero omiten ver y escuchar a quienes no tienen tal sesgo.
Los casos del Frontón, así como el de los Comandos Chavín de Huántar, terminan con la paciencia de cualquier mortal. Los comandos Chavín de Huántar fueron procesados primero en sede nacional y luego en sede internacional durante 17 años, pese a ser héroes y haber hecho una intervención calificada internacionalmente de impecable y que es modelo en las escuelas militares y policiales del mundo entero. El caso del Frontón es terrible pues a quienes debelaron el motín en ése penal, hace 38 años, siguen procesados y ello por decisiones del Sistema que se cuestiona.
A lo antes señalado hay que agregar la aplicación retroactiva de la lesa humanidad, cuando todos sabemos que las normas tienen vigencia a partir de su dación, promulgación y publicación pero no antes. También el desconocimiento de la institución del indulto, el cual es definitivo e irrevisable, empero el de Alberto Fujimori fue revocado ilegalmente.
En adición también se objeta la pretensión de la Comisión de dictar medidas cautelares, cuando ello es prerrogativa solo de la Corte, en aplicación de las estipulaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Se nota en las resoluciones y sentencias del Sistema, que hay cierta aversión a las Fuerzas Armadas y Policiales, a quienes ven como responsables de la pérdida de vida o daños a la integridad de quienes ejercen el derecho a la protesta, pero con olvido que la protesta tiene que ser pacífica y sin armas, así como que las fuerzas del orden en general, repelen la violencia con arreglo a ley, pues tienen como misión constitucional mantener el orden y de ser afectado, pues restablecerlo.
Las observaciones al actuar de la Comisión y Corte no son de ahora, tienen muchos años, tan es así que en el año 2007, liderados por el Perú varios países planteamos modificaciones y rectificaciones al Sistema, algunas de ellas aceptadas en los ajustes legales que se hiciesen en el 2009, pero todavía hay mucho camino por recorrer. En lo interno se creó en la Procuraduría General de la República, la procuraduría especializada en asuntos internacionales, lo cual es también un avance.
Ahora bien, el lector de esta columna con razón se preguntará que opciones tiene el Perú frente a las observaciones al Sistema Interamericano y, ellas son varias. Evidentemente una de ellas es no hacer nada, pero ello sería conformista y abdicación del derecho como integrantes del Sistema a plantear modificaciones.
Otra podría ser la de apartarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y quedarnos en la Comisión, pero esto no sería a nuestro juicio adecuado pues seguirían sin resolverse las atingencias al actuar de la Comisión, aunque podríamos dar el aviso previo de un año para el retiro del Sistema en su integridad y posteriormente volver solo a la Comisión, pero con reservas.
Evidentemente también podríamos salirnos de todo el Sistema, ello con el riesgo de no tener amparo internacional cuando sea el Estado quien vulnera Derechos Humanos, por lo cual podríamos plantear objeciones, modificaciones y rectificaciones del Sistema ante la OEA, generando corriente de opinión con otros países que sufren los excesos del mismo y si en plazo razonable no hay solución, allí si retirarnos de Comisión y Corte hasta que vengan nuevos tiempos.
Es bueno recordar la expresión del entonces magistrado de la Corte Interamericana, Antonio Czanzado Trindale, quien en un voto manifestó que los terroristas tienen la mística de Juana de Arco. Esto pinta de cuerpo entero la situación así como justifica la preocupación ciudadana.
