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Nuestra patria viene sufriendo gravísimos daños ocasionados por el tifón Yaku, que según expertos se añade al Fenómeno del Niño que ya se inició, así como a la falta de obras eficaces de prevención. Evidentemente hay localidades en que los daños son enormes, mientras en otras son leves, por el cual el sufrimiento de los habitantes no es homogéneo, obligando a unos a ser solidarios con los otros y prestarles la ayuda que requieren.
Al ver las noticias sobre los daños en los canales televisivos, pudimos espectar a personas altamente afectadas reclamar la ausencia de los parlamentarios de su región, además de exigirles gestiones para que la ayuda de emergencia llegue y que oportunamente se inicie la reconstrucción, pese a que ni siquiera ha concluido la que debió hacerse por las lluvias y desbordes del 2017, así como tampoco las producidas por el sismo del sur medio en el 2007.
Absolutamente comprensible la indignación de los fuertemente afectados por los desastres naturales, pues además de haber perdido sus viviendas y lo que ellas contenían, tienen que afrontar el infortunio de no saber que hacer, de no conocer donde pernoctar e incluso no contar con alimentación ni asistencia médica, pese a los esfuerzos que se hacen desde el Estado y entidades de ayuda como Caritas, entre otras.
Por lo señalado es útil expresar que las tareas de los parlamentarios no son ejecutivas, ellas competen al gobierno central, a los gobiernos regionales y a los municipales, con los respectivos organismos públicos especializados. La función parlamentaria es distinta, pues, de acuerdo a la Constitución y al Reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, el Parlamento debe legislar, fiscalizar y representar, lo que no quita dar el abrazo solidario y apoyo a los afectados que lo necesitan a gritos pues su infortunio es mayúsculo.
En estas horas de desdicha, el Congreso tiene que estudiar las normas más convenientes para que llegue la ayuda de emergencia a los damnificados, así como determinar los procedimientos y acciones de rehabilitación, reparación, reconstrucción y similares, incluida la prevención, que permita no caer en los mismos errores de antaño, en que la recuperación demoró y la prevención reinó por su ausencia.
Pero además de ello y en ejercicio del rol de fiscalización, tienen que ser los parlamentarios lo suficientemente diligentes, para investigar si los recursos públicos se emplean adecuadamente o no, así como exigir a la Contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial, las investigaciones y procesamientos legales, cuando se observan deficiencias y acciones de corrupción.
En lo que se refiere a la representación, también deben ser eficientes, dando a conocer a las autoridades ejecutivas, las necesidades de la población para superar la caótica situación en que se encuentra, para lo cual cuenta con las herramientas constitucionales y legales que el caso amerita.
Si bien es verdad que los legisladores están para legislar, fiscalizar y representar, más no para tramitar, en situaciones excepcionales como las que se soportan, tienen también que ser gestores de obras de rehabilitación y reconstrucción.