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Por Antero Flores-Araoz
Nuevamente, con pretextos o sin ellos, los fabricantes de violencia en nuestro querido Perú, supuestamente para reclamar por el procesamiento penal a quien fuera presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, han tratado de crear el caos, incitando a la población a levantarse contra el gobierno de Dina Boluarte.
Es más que evidente que no he tenido ni tengo ninguna simpatía por el profesor Castillo, como tampoco la tengo por quien fuera su vice presidenta, que él mismo llevó en su plancha en las elecciones del 2021 y que asumió la presidencia de la República, cuando su titular fue vacado legítimamente al haber anunciado la disolución del Congreso, lo cual no solo es gravísima transgresión a las reglas constitucionales, sino también delito tipificado y sancionado por nuestro ordenamiento penal.
El hecho que la señora Boluarte no sea de mi agrado político, no impide que se le respalde, pues asumió la presidencia legítimamente, en una sucesión prevista en nuestra Constitución y, lejos de rodearse del lumpen que se podía sospechar, nombró un gabinete ministerial con personas de calidad técnica, aunque desconocidas en la actividad política y por ello carentes de manejo y muñeca, tan necesaria en los dificilísimos momentos vividos en nuestra patria.
Tenemos que destacar que quienes azuzaron los actos de violencia, quienes se infiltraron en manifestaciones que debieron ser absolutamente pacíficas, pese a que no concordamos con sus objetivos, no han sido seguidores de los arcángeles ni menos son santos celestiales, son simple y llanamente delincuentes que han destruido propiedad pública como privada, que han asaltado comisarías, que han destrozado edificaciones estatales, que tomaron aeropuertos, que agredieron a nuestros valerosos policías, que dejaron a pasajeros tirados en las carreteras, que impidieron el desarrollo normal y cotidiano de las actividades de los ciudadanos, que hicieron que muchas personas perdieran ingresos y que diciendo engañosamente, que defendían a los más pobres, fueron a quienes más perjudicaron.
Se constató que como en otras oportunidades, como fue en noviembre del 2020, usaron armas hechizas y armas de fuego, utilizaron piedras y proyectiles para matar y luego echar culpa a terceros y, por todo ello deberán ser identificados, procesados judicialmente y sancionados con el máximo rigor de nuestras leyes. Algunos de tales “angelitos”, son sospechosos de ser terroristas y que su actuación fue proyectada por elementos terroristas peruanos y del exterior, estos últimos brindando asesoramiento y seguramente hasta entrenamiento.
Lo lamentable es que desde esferas públicas como privadas, se pretendió que nuestra Policía Nacional no cumpliese con su deber, pues se les envió a repeler la violencia, en la práctica desarmados, ello supuestamente para cumplir con las normas legales del uso de fuerza.
Si bien la normatividad legal para las intervenciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, son blandengues y no ayudan en el cometido de mantener el orden público o recuperarlo en caso de ser afectado, se hace necesario la revisión de tales normas, que bajo pretexto de resguardar Derechos Humanos fueron promovidos por “caviares” y “rosaditos” que terminan siendo tontos útiles de los delincuentes y terroristas.
Es por ello que el Congreso debe avocarse en la tarea de reformar normas y disposiciones que hacen restrictivo el accionar de las Fuerzas Armadas y Policiales que inhiben el cumplimiento de sus propios deberes.
No estamos con quienes imputan al gobierno, todos los males habidos y por haber, así como ser actores de cuantas inconductas existen, pero al haber sufrido también, la falta de fuerza en el accionar policial, le invocamos que se sumen al esfuerzo para que la Policía Nacional no vaya desarmada a enfrentar a quienes subvierten el orden constitucional.
Según el artículo 166 de la Constitución, “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”.
Más que evidente, diríamos que es axiomático que, por las funciones, deberes y obligaciones policiales antes descritos, los policías, requieren de las herramientas, no solo legales, sino fácticas como son sus armas en adición a los elementos de protección, para combatir a la delincuencia y restablecer el orden público cuando es afectado y, ni que decir, para brindar seguridad a los edificios públicos, entre ellos los penales, para todo lo cual no pueden estar desarmados.
Por una u otra razón, desde hace algunos años se vienen poniendo cortapisas legales al actuar policial y a la tenencia de armas para cumplir con sus objetivos. En algún momento se dictó normativa en el sentido de que su accionar tenía que ser proporcional, de allí a no tener armas letales y de tenerlas solo usarlas si es que son agredidos. Un poco más y se les impone la obligación de no tener ni siquiera armas no letales y no sería raro que algunas ONGs obcecadas en creer que los policías actúan al margen de la ley y como bandas, pretendan que los policías estén desarmados. Por ello reclamamos la revisión de la normativa sobre la materia pues los policías, como igualmente los miembros de las Fuerzas Armadas, también tienen Derechos Humanos.
Pero hay más, el Código Penal en su artículo 20 establece entre otras causales de inimputabilidad penal, al que, ante un peligro insuperable de otro modo, que amenace la vida, integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro. También se exime de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas, causa lesiones o muerte.
Pese a la claridad de la norma reseñada, hay fiscales y jueces que incumplen con la ley y persiguen al personal militar y policial, con procesos que duran años y años. Esto tiene que acabar, como también la pretensión de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos que cuando no encuentra motivo para denunciar por acción lo hace por supuesta omisión.
