Es concepto generalmente aceptado, que la historia de nuestro mundo ha pasado por diversas etapas, las cuales van desde la prehistoria, pasando por la antigüedad, la edad media, la moderna, y la contemporánea, la misma que se inicia con la Era Industrial (1780) Analógica (1870) y actualmente la Digital (1990), sin duda la Era más democrática, porque permite que todos accedamos, vía internet, en tiempo real y donde nos encontremos, a la información y a la tecnología. El Internet se ha encargado de facilitarnos la vida, dejamos la correspondencia epistolar del papel para pasar a la virtual y, una computadora, laptop, tableta o teléfono móvil, nos comunica y transfiere datos al instante. A través del escaneado podemos también celebrar contratos y con la inteligencia artificial se puede avanzar aún más y, ello sin olvidar la telemedicina, la robótica y por supuesto el trabajo a distancia que innovó nuestra vida laboral en la pandemia, pero que se ha logrado imponer por sus ventajas. Aún en los tiempos digitales en que vivimos, todavía existen personas en el mundo que ignoran la lectura y la escritura, pero ello será más grave con la ignorancia digital, sobre todo de quienes solo se comunican con idiomas nativos que no tienen palabras ni expresiones tecno-digitales. Los Estados al observar todo lo que hemos expresado han mostrado preocupación, especialmente los iberoamericanos que han celebrado diversas Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, emitiendo declaraciones como la de Andorra el 2021 y aun antes en el 2007 en que se adoptó la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. El pasado 25 de marzo, en República Dominicana se celebró la XXVIII Cumbre Iberoamericana, en la cual se aprobó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, con la participación del Perú que también la suscribió. En la mencionada Carta, los países que la suscribieron se comprometieron a “promover la construcción de una Sociedad Informática inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo”, pero al mismo tiempo gestionar “marcos regulatorios que promuevan el acceso universal, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC sin discriminación de tipo alguno”. En adición hay en la Carta el compromiso de “concentrar esfuerzos para reducir las desigualdades y realizar acciones que faciliten la inclusión y fortalezcan la cohesión social”. Como sabemos la población quechua (4 millones) y aimara (500 mil) de nuestra patria, que no tiene vocablos tecnológicos en su idioma nativo, que le permitan generar productividad y competitividad, estará siempre en desventaja de quienes, teniendo el idioma castellano y particularmente el inglés, pueden acceder a contenidos digitales. Habiendo asumido nuestro país el compromiso de “promover políticas inclusivas que reconozcan y atiendan las situaciones de vulnerabilidad de los diferentes colectivos y grupos sociales en los entornos digitales”, debería cuanto antes aprobarse en el Congreso o en el Ejecutivo la norma para incorporar, en nuestras lenguas nativas, los vocablos tecnológicos que les permitan trabajar con plena productividad, y no formar parte de la pobreza extrema del Perú. Recordemos el derecho universal de los niños, que tienen derecho a educarse en su lengua nativa, con la tecnología que le toca vivir.
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