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PRISIÓN PREVENTIVA, LIBERTAD Y DD.HH.

DIARIO UNO- Lima, 11 de julio de 2019.

En varias ocasiones y medios, me he referido al abuso en el dictado de prisiones preliminares y preventivas, que tienen que ser de carácter extraordinario y no de uso cotidiano como estamos viéndolo en nuestro país, en que más parecen sentencias condenatorias en lugar de medidas cautelares.
En esta oportunidad es pertinente exponer el tema desde las orillas del derecho a la libertad y a otros Derechos Humanos, consagrados en la Constitución como en instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento por el Perú.
En primer lugar, las prisiones preventivas dictadas por la autoridad judicial, lo han sido en aplicación del Código Procesal Penal (artículo 268 y siguientes) y generalmente por el plazo máximo de 36 meses, tres largos años.
Como existe la regla constitucional de presunción de inocencia (literal e del inc. 24 del art. 2), lo normal tendría que ser que los procesos penales se lleven en libertad de investigados e inculpados, empero, como excepción podrán dictarse medidas precautorias de prisión cuando concurran fundados y graves elementos de convicción para establecer la comisión de un delito que lo vincule al investigado; cuando de ser el caso la sanción a imponerse sería de más de 4 años de carcelería y; que permita colegir al juzgador que hay peligro de fuga o de obstaculización de las investigaciones por parte del inculpado.
Sin embargo, hay normatividad nacional e internacional de rango superior a la enunciada del C.P.P., como es el reconocimiento constitucional al derecho a la libertad (inc. 24 art. 2), únicamente superado por los derechos a la vida y a la integridad personal, motivo por lo cual solo por actos u omisiones graves se puede afectar la libertad.
Nuestra Constitución también determina que las normas respecto a libertades y derechos (humanos), se interpretan de acuerdo con tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Perú (cuarta disposición final) y ellos forman parte del derecho interno, por lo tanto, son vinculantes (art. 55).
Entre la normatividad supra nacional que estamos obligados a respetar. se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que encontramos el deber de ponderar, cuando se trata de afectación de libertad individual, el respeto a los derechos y libertades de los demás y similares, que indiscutiblemente no admite prisiones preventivas por doquier (inc. 2 art. 29)
En adición, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general…”, empero deberá asegurarse la comparecencia del imputado en el proceso penal (inc. 3 art. 9).
Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos impide encarcelamientos arbitrarios y dispone razonabilidad en los plazos de procesamiento penal y, de ser el caso, ser puestos los imputados en libertad, lo que inexorablemente debe ser cumplido por los Estados Partes de la Convención, como es el Perú (art. 1 y 7).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 03 de julio de 2017, aprobó el informe sobre medidas para reducir el uso de la prisión preventiva en nuestro continente, recomendando tener en consideración la presunción de inocencia, la naturaleza excepcional de la medida, y su aplicación bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, agregando que es preferible el uso de medidas alternativas.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD. HH. es pródiga en el tema que comentamos, determinando que cuando un Estado ha ratificado un tratado, su Poder Judicial no puede sustraerse a su cumplimiento (sentencia del 24-11-2006) y si hubiere transgresión el Estado será internacionalmente responsable por aquello (sentencia del 29-11-2006). También ha resuelto que en el tema de prisión preventiva, cualquier sospecha tiene que estar fundada en hechos ciertos y no en simples conjeturas (caso Norín Catrimán).
Es bueno también recordar, que cuando fiscales y jueces caneros refutan las objeciones a la indiscriminada costumbre de dictar largas prisiones preventivas sustentadas en dichos de terceros, sean testigos, colaboradores y arrepentidos, nuestra ley procesal penal requiere de otras corroboraciones (inc. c art. 158 del C.P.P.)
Lamentable es, que habiendo una direccionalidad jurisprudencial peruana en los casos de prisión preventiva, ella por lo general no se tome en cuenta, pese a determinar criterios claros para su aplicación (Casación 1445/2018 y Pleno Casatorio 0|/20|7).
En fin, ojalá fiscales y jueces entiendan que las prisiones preventivas son de excepcionalidad y no de normalidad, y que debiéndose impedir argucias y peligros procesales y de fuga de investigados e inculpados, existen otras medidas que no afectan gravosamente la libertad.