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NO BASTAN LAS BUENAS INTENCIONES

EL PERUANO- Lima, 02 de julio de 2019

Motiva esta columna el hecho de haberse presentado en el Congreso un proyecto de ley que intenta modificar el Código Penal, con el fin de incluir entre los medios de comunicación social a las redes sociales como vehículos mediante los cuales se puede perpetrar el delito de difamación. Además, la propuesta busca elevar la pena privativa de libertad entre uno y tres años a entre cuatro y siete cuando la difamación se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación (incluídas las redes).
Con la convicción que el proyecto al que nos referimos está sustentado en la buena intención de los autores, dado el incremento de los insultos, diatribas, ofensas, agravios y otros mediante las redes sociales- en que incluso los perpetradores se esconden en el anonimato, suplantando identidades y hasta simulando algunas inexistentes-, nos atrevemos a decir que el proyecto en cuestión es absolutamente innecesario y que debería desestimarse en la comisión dictaminadora.
En la actualidad, nuestra Constitución consagra los derechos de opinión, expresión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o escrita o la imagen, adicionando que no hay delito de opinión. Igualmente reconoce el derecho al honor y buena reputación, así como a la intimidad personal y familiar.
La Constitución no se agota en enumerar derechos, sino que también, cuando ellos son conculcados, dispone la tipificación como delitos y que el ordenamiento legal determine las correspondientes sanciones. En efecto, la Constitución preceptúa que toda persona agraviada en un medio de comunicación tiene derecho a la rectificación, sin perjuicio de las responsabilidades de Ley.
Y las responsabilidades de ley no son otras que la tipificación como delitos contra el honor, la calumnia, la injuria y la difamación descritas en el Código Penal, así como la indemnización por daño moral a que se refiere nuestro Código Civil, esto cuando en el proceso penal no se hubiere fijado la reparación civil.
La difamación está definida en el Código Penal como el hecho que ante varis personas, reunidas o separadas, de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación. Como agravante se tiene el que sea ejecutado por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación.
Como si el concepto de prensa y medio de comunicación no fuese suficientemente amplio, el proyecto de ley pretende que se agregue a “medio de comunicación social” el término “o similar” y que, además, se agregue al libro, prensa y medio de comunicación social a las redes sociales.
Con el texto actual, todos los medios de prensa y comunicación social están incluidos, no se necesita señalar que sean escritos, orales o de imágenes, ni que tampoco sean por periódicos, revistas, radios, televisoras y las novísimas redes sociales. Todo está incluido y, por ello, también todo el proyecto de ley debería ser archivado.